Econonía Chilena, Una Historia Permanente De Intervención Social. (i)

Contexto Socio Económico de Chile


Los resultados de múltiples estudios establecen que el modelo de desarrollo aplicado hasta finales de los 80 generaba desequilibrios entre los actores sociales y económicos. La brecha entre ricos y pobres era creciente, observándose una mayor concentración de riqueza en pequeños grupos de poder y percibiéndose una exclusión social y nula participación social.

La historia ayudó a entender las desigualdades. La crisis de los 30 generó una conciencia de vulnerabilidad política y social que incidió en la aplicación de políticas más proteccionistas y una activa participación como regulador[ii], disminuyendo los crecimientos desequilibrados.

Los países latinoamericanos presentaron tasas promedio de crecimiento alrededor al 6%; cifra envidiable en relación al crecimiento mundial por esos años, aún cuando no dejaba de exponerse a la evolución de los ciclos económicos.

Para Edwards[iii], la estrategia de regional enfrentó muchos riesgos destacando:

• Excesivo proteccionismo.
• Alto nivel de gasto público.
• Ineficientes sistemas de recaudación.
• Mercados financieros débiles y poco eficientes.
• Estructuras inflacionarias como fuentes de financiamiento.
• Modelo proteccionista que desalentó a las exportaciones y limitó su aporte al crecimiento económico.
  

La reforma económica permitió el reacomodo de las piezas y engranajes de la región y cada país[iv]. Las reformas disminuyeron la tendencia negativa de las exportaciones; intentaron mejorar los niveles de productividad, la competencia, la eficacia y aumentar el bienestar del consumidor, modificando el producto interno, el ahorro, la inversión, la distribución de la renta, los niveles de pobreza, productividad, la movilidad de capitales y la producción de bienes exportables.

Cada país enfrentó las reformas económicas de manera diferente, pero un mínimo común se reveló: la apertura internacional. Se aplicaron políticas de estabilización obteniendo un equilibrio fiscal y macroeconómico que minimizó las distorsiones e ineficiencias de un modelo de mercado.


A principios de los noventa la consolidación y estabilidad política movilizó una nueva forma de participación estatal, monitoreando y regulando la acción estatal manteniendo un orden y facilitar así la transparencia del sistema.

El proceso exportador se convirtió en un motor de crecimiento, logrando equilibrios macroeconómicos y buenos niveles de productividad. Los flujos de capitales privados entraron con fuerza y afectaron los niveles de inversión.

Chile, aplicó un modelo cerrado de crecimiento, de fortalecimiento interno que favoreció la industrialización del país y con ello los estándares de crecimiento. En los ’60 el Estado fue más activo, fortaleció su independencia económica y redujo su vulnerabilidad ante variables externas. La industria creció a ritmos superiores al 5,4%. Se enfrentaron los problemas de la distribución de la renta e intentó resolver los vacíos sociales. Se aplicaron las siguientes medidas[v]:

• Tipo de cambio fijo, abriéndose al comercio exterior.
• Se mejoró la eficiencia del sector público, disminuyendo el déficit fiscal.
• Se establecieron incentivos a la productividad con mejores salarios.
• Se generaron exenciones y franquicias tributarias para incentivar la inversión.

A fines de los ’60 la política fiscal[vi] orientó el desarrollo económico enfatizando el sector minero, agrícola e industrial; potenció las capacidades y competencias productivas nacionales y disminuyó las tasas de marginalidad social; aplicó una estrategia para fortalecer la calificación y educación de la población.

La política fiscal atendió las desigualdades y los problemas de justicia social, aplicando reformas importantes sobre el modelo agrícola, el modelo tributario, la organización sindical, el modelo previsional y en todas las áreas en que se observaron desigualdades.

A partir de 1970[vii] y en un contexto político, económico y social complejo, el Estado se planteó una profunda transformación económica y social con reformas constitucionales que profundizaron los derechos democráticos; transformó el régimen de propiedad, con un Estado activo en la generación de riqueza, expropiaciones de bancos, empresas y con presencia de monopolios industriales; en empresas no expropiadas se planteó la asistencia técnica y financiera que potenciaría su desarrollo. Se enfrentó el desarrollo con una reforma agraria profunda, reorientó la capacidad productiva y el crecimiento se sostuvo en la producción de artículos de consumo masivo, fijó límites y condiciones a los capitales extranjeros como medidas proteccionistas y de estabilidad monetaria.

En lo social se intervino en vivienda, y servicios generales; se aseguró a los ciudadanos los servicios básicos. Se enfrentó la salud y salud dental en un modelo preventivo; se estableció la igualdad de derechos para ambos sexos y se reconoció jurídicamente a los hijos naturales. En educación se fortaleció el plan de becas, se amplió la inversión en educación, salas cunas y jardines infantiles.

No obstante, el modelo no fue capaz de responder a las expectativas. La demanda excedió los recursos ofertables en materia de salarios, servicios básicos, etc. Los indicadores mostraron desequilibrios en el producto y aumento en los niveles de precio. En los ’70 aumentó el consumo privado el gasto público creció indiscriminadamente para reactivar la economía, redistribuir los ingresos y enfrentar los problemas sociales; aumentó el gasto en salud, educación y vivienda. No obstante los esfuerzos del gobierno, la explosiva y agobiante crisis social condujo a la ruptura del modelo democrático a partir del enfrentamiento ideológico y desabastecimiento. Se suma a la crisis interna, los problemas de sobre demanda de petróleo.

A partir del 1974, se implementa un modelo económico y social basado en el principio de la propiedad privada y el principio de la subsidiariedad, intentando su compatibilidad con el crecimiento económico, la justicia social y la libertad política[viii], ajustando su conducta a modelos ideados en el FMI y el Banco Mundial[ix].

Posteriormente vino “el milagro económico”, con aumentos en las importaciones y un modelo especulativo sustentado en fuertes niveles de endeudamiento externo. Se sumó a ello el alza del petróleo junto con un alza en la tasa de interés internacional y una iliquidez en los mercados financieros, comprometiéndose la capacidad de pago de la deuda de los países latinoamericanos[x], cerrándose el mercado de capitales y generando una fuga importante de capitales.

Chile con su apertura facilitó que los agentes económicos financiaran sus proyectos de inversión e impactaran en los niveles de producción. El endeudamiento alcanzó al 96% del producto anual el año 1984. Se identifican como causas de la crisis a una volatilidad del tipo de cambio, altas tasas de interés, poca claridad sobre los usos de recursos provenientes del exterior, no se identificaron las oportunidades de mercado e inversión etc.[xi].

Según Meller cuatro hitos se observaron en el desarrollo de la economía política chilena.

• El inicio de un régimen autoritario;
• La crisis financiera de 1982;
• Re ecantamiento de las ideas fundacionales del modelo ,
• La aplicación de variantes al modelo para potenciar las áreas sociales dada las inequidades del modelo generaba.

Hasta 1984 las políticas macroeconómicas disminuyeron los índices de inflación, se aplicaron políticas de unificación cambiaria y devaluaciones. En 1991 se establece un régimen de flotación monetaria con intervención del Banco Central[xii].

En lo comercial se reaccionó liberando las barreras arancelarias e instalando una estructura más uniforme de tasas[xiii]. A partir de 1982, elevó sus aranceles e impuso sobre tasas a varios productos como mecanismo de ajuste a los desequilibrios en balanza de pagos. Se decidió instalar una banda de precios a productos agrícolas y se instauró un modelo de reintegros sobre cuotas de exportaciones y copulativamente se aplicaron medidas anti dumping conforme los acuerdo de la organización Mundial de Comercio (OMC).

Se liberó el sistema financiero, facilitando la intermediación, disminuyendo las tasas de encaje, limitando las restricciones a préstamos extranjeros, se liberó la tasa de interés, estableciéndose un máximo convencional y se privatizó el sector bancario[xiv]. Se fortaleció la ley general de bancos entregando más facultades a Superintendencia y restringió los límites de créditos a agentes relacionados y estableció la necesidad de clasificar los riesgos de la cartera.

En lo financiero internacional fomentó la entrada de divisas y flujos de capitales otorgando trato igualitario a chilenos y extranjeros, quedando la cuenta de capitales abierta para agentes no bancarios[xv].

En lo social se modificó el sistema de pensiones pasando a un sistema de capitalización individual[xvi].

En lo laboral otorgó flexibilidad al mercado laboral y estableció un sistema de compensaciones al despido[xvii]. Con los años, se eliminó la fijación salarial salvo para la administración pública y se reguló el sistema de indemnización y despido.

Los años ’90 se enfrentaron con nuevos vientos. Las líneas de intervención para el desarrollo se estructuraron sobre la participación del sector privado como motor del desarrollo; la estabilidad política y macroeconómica; se aplicó el principio de austeridad fiscal y disciplina monetaria; apertura de los mercados y se consolidó una política cambiaria competitiva y un incremento en el gasto social debido a la evaluación que mostró brechas y expectativas no cumplidas en infraestructura, salud, educación, vivienda, pensiones, etc.

La evolución económica de Chile ha venido consolidando desde 1990 lo que Manuel Castells denomina el paso de un modelo liberal autoritario excluyente a un modelo liberal democrático incluyente[xviii].

El giro hacia la equidad realizado en 1990 ha demostrado ser más eficiente en crecimiento y ha generado políticas sociales activas que han mejorado la situación absoluta de los más desfavorecidos, pero no han logrado disminuir las desigualdades de ingreso.

Chile ha podido ha experimentado un crecimiento de su economía superior al 5% anual en promedio desde 1990, aunque decreciente, lo que ha permitido duplicar el ingreso per capita, a 5.900 dólares por habitante en 2004, y una cifra cercana al doble a paridad de poder de compra. El crecimiento alcanzó en el período 1974-1989 en promedio al 2.9% anual y al 3,8% entre 1940 y 1970.

Chile ha aumentado desde el 15% del PIB en 1990 al 18% en 2003 la carga tributaria, y en su estructura ha crecido el peso del impuesto a la renta, junto al establecimiento reciente de un royalty a la minería, aunque el grueso de la tributación es a las transacciones y de carácter indirecto. Esta política, junto al incremento de la recaudación tributaria fruto del propio crecimiento, ha permitido que el gasto social haya aumentado en 2 puntos del PIB (del 12,6 en 1990 al 14,7% en 2003), se haya triplicado el gasto social en salud y establecido un sistema de derechos de acceso universal garantizado para las principales patologías (la esperanza de vida pasó de 69 a 76 años y la mortalidad infantil disminuyó de 18 a menos de 10 por mil); multiplicado por más de dos el gasto social en educación, con una reforma de enorme envergadura (la cobertura pre-escolar pasó entre 1990 y 2003 de 21% a 32%; a nivel de enseñanza básica, de 97% a 99%; en la educación media de 80% a 90% y en la educación superior del 16% al 32%), y en vivienda social, con más de un millón de nuevas soluciones construidas. La pobreza disminuyó de 38,6% de la población en 1990 a 18,8% en el 2003 y la extrema pobreza de 12,6% a 4,7% en este mismo período.

De acuerdo a las cifras de los censos, el 73% de los chilenos es hoy dueño de la casa en que vive. Mientras en 1982 un 27% de los hogares disponía de TV en colores, un 49% de refrigeradores, un 35% de lavadoras y un 11% de teléfono fijo, en 2002 lo hacía un 87%, un 82%, un 79% y un 51% de lo hogares respectivamente. la escolaridad media de la fuerza de trabajo pasó de 7,7 a 10,4 años. El 98% de los hogares tiene hoy electricidad, un 92% agua potable y alcantarillado. La infraestructura productiva (caminos, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, banda ancha internet) se ha modernizado de manera considerable.

A su vez, ha habido un sistemático crecimiento de los salarios reales y un mayor aún incremento del salario mínimo. Se encareció el despido, aumentando la indemnización, se estableció un seguro de desempleo y se mejoró las condiciones de formación de sindicatos y de negociación colectiva. El desempleo, sin embargo, mantuvo una trayectoria de disminución hasta 1997, para luego deteriorarse por un prolongado período (como consecuencia de una política macroeconómica que amplificó los efectos de la crisis asiática de 1998-99) y recuperarse recién a partir de 2004.

Chile ha pasado a ser un país de ingresos medios-altos y por tanto ya no es un país pobre, pero sigue siendo un país desigual en la distribución de los ingresos monetarios, como se observa en el cuadro. El 20% de las familias vive en situación de pobreza y un 6% de ellas en situación de indigencia. Un 26% de las familias vive hacinado, con más de dos personas por dormitorio. Un 9% vive en chozas o mediaguas. Un 50% de los adultos carece de competencias apropiadas, pues no entiende bien lo que lee ni maneja adecuadamente las 4 operaciones aritméticas. Un 5% es analfabeto.

El gobierno se ha propuesto fortalecer los sistemas de redistribución solidaria para financiar mínimos sociales crecientes, seguir ampliando los sistemas de cobertura de los grandes riesgos sociales (de desempleo, de enfermedad y de vejez sin ingresos) y profundizar el esfuerzo de igualación de oportunidades a través de una educación crecientemente equitativa y de una política de empleo activa. Este propósito se ha sustentado en una política fiscal que ha permitido mantener un incremento sistemático del gasto público a lo largo del ciclo económico.

La política fiscal contra cíclica

Una política fiscal contra cíclica es aquella que en el ciclo económico actúa a través de déficit presupuestarios y se endeuda cuando la demanda global se encuentra deprimida respecto al producto potencial y que actúa a través de superávit (es decir desendeudamiento público) cuando la demanda excede el producto potencial, con un balance global en el ciclo completo. Se evita de esta manera una política fiscal que solo atienda las urgencias del corto plazo y aumente la vulnerabilidad y eventual desestabilización de la economía mediante déficit fiscales recurrentes, a la vez que se evita acumular deudas que las generaciones posteriores habrán de pagar sacrificando su nivel de vida. Puede tener también racionalidad económica y social financiar la inversión pública con endeudamiento y no con impuestos si los mercados de capitales funcionasen apropiadamente, sin efectos desestabilizadores, y con retornos sociales de la canasta de inversión pública mayores que el sacrificio que el endeudamiento impone a las futuras generaciones.

Por su parte, el gobierno de Chile optó desde el año 2000 por una política de superávit estructural (del 1% del PIB), con la voluntad de emplear los recursos así generados en sustentar tareas sociales y productivas futuras, como las obligaciones fiscales en materia de pensiones y sistemas de concesión de infraestructura. Aunque esta opción no ha estado carente de controversias, ha permitido mantener un crecimiento sistemático del gasto público y del gasto social en la coyuntura desfavorable posterior a la crisis de 1999, aunque hubiese sido deseable una mayor flexibilidad para atacar el desempleo agudo mediante, por ejemplo, metas de superávit estructural superiores a un año.

Puede considerarse que las políticas públicas con fines sociales incluyen un primer componente que se podría denominar como de mejoramiento en la “dotación de activos económicos” (especialmente mediante el subsidio al acceso a la vivienda o al crédito para la producción de pequeña escala) y de mejoramiento en la “dotación en capacidades humanas” (especialmente a través de la nutrición, la educación, la capacitación y la formación profesional), aspectos ambos que permiten mejores “funcionamientos” y una inserción más igualitaria en la vida social de los peor situados en ella. Si esas políticas mejoran ambas dotaciones a un ritmo superior al de los que poseen activos económicos y capacidades humanas por encima del promedio de los miembros de la sociedad, entonces se sentarán las bases de la disminución de las desigualdades de ingreso monetario.

El segundo gran componente de la política pública social es la cobertura universal de riesgos, de largo plazo en el caso de los sistemas de pensiones para cubrir el riesgo de no tener ingresos en la vejez, y “coyuntural” en el caso del riesgo de quedar desempleado, sufrir un accidente (individual o derivado de una catástrofe colectiva) o un quebranto de la salud.

Secularmente, el ciclo económico chileno sigue de cerca la coyuntura internacional, lo que se traduce en vaivenes significativos de la situación del empleo y de los ingresos del trabajo y del capital, sin perjuicio del mencionado rol anticíclico de la política fiscal y monetaria y de la flexibilidad en la política cambiaria que permite absorber schocks externos con relativa mejor capacidad de adaptación de los precios relativos en la economía entre los sectores sujetos y no sujetos al comercio internacional[xix]. Sin perjuicio de la política fiscal de “superávit estructural” que mantiene un nivel de gasto público estable y de crecimiento moderadamente superior al de la economía, existen en Chile gastos públicos “compensatorios” frente a caídas de ingreso de los sectores más vulnerables, con inserción en el empleo precaria e inestable.

Entre 1958 y 1970, con una economía volcada a un modelo de desarrollo hacia adentro y la sustitución de importaciones, con una protección arancelaria significativa, la tasa media de crecimiento es cercana al 4% anual, con una inflación promedio del orden de 26% y una tasa de desempleo del orden de 6%. Luego del convulsionado período 1970-1973, la economía entre 1974 y 1989 se orienta a una drástica apertura comercial y financiera y al desarrollo exportador, con privatización de empresas públicas y disminución del tamaño del Estado, con una tasa de crecimiento promedio de algo inferior al 3% anual, una tasa de inflación anual promedio de 19% y una tasa de desempleo superior al 13%. Entre 1990 y 1999 se más que duplica la tasa de crecimiento, la inflación se reduce a tasas de un dígito y el desempleo baja a cerca de 7%. Entre 2000 y 2004 la tasa de crecimiento cae a 4% promedio, el desempleo se incrementa a 9% y la inflación sigue disminuyendo. En esta coyuntura se evidencia el fuerte impacto de las condiciones externas en que se desenvuelve la economía chilena.

Como es posible observar en el índice compuesto de condiciones externas[xx], revela un deterioro importante en el quinquenio 1998-2002, y muestra una fuerte variabilidad interanual lo que sugiriendo que la relación de apertura y la vulnerabilidad experimentada impulsó a la recesión de 1999 con una desaceleración relativamente prolongada en el crecimiento en comparación con el período 1990-1998.

La aplicación de una política de tipo de cambio flexible y un déficit fiscal moderado permitieron contener en alguna medida los impactos macroeconómicos derivados de las condiciones externas. Se observó también una compresión de la tasa de crecimiento del consumo privado y de la inversión. El deterioro en la demanda interna afectó las expectativas de crecimiento y provocó un incremento de la tasa de desempleo.

Los mecanismos de compensación social vinculados al ciclo económico

Ante esta situación, el gobierno de Chile fortaleció o reformó los mecanismos de compensación social no vinculados a límites presupuestarios específicos[xxi] o a otros dispositivos de seguridad social.

a) Subsidio de cesantía

El 2003 se dispuso que el subsidio de cesantía fuese reemplazado por un sistema de seguro de desempleo como mecanismo de protección a quienes se encontraron desempleados o cesantes[xxii]. El subsidio de cesantía vigente desde los años 1970 se aplicaba hasta por doce meses, distribuido por los municipios, con un monto fijo (no vinculado al salario previo), de bajo monto y decreciente a partir del segundo semestre de aplicación.

El número de beneficiarios, que abarcaba sólo al sector formal de la economía, entre los años 1998 y 2002 se cuasi duplicó como resultado de la caída de la demanda y del empleo durante ese período.

b) Jubilaciones anticipadas en el sistema de AFP

En el sistema de fondos de pensiones existe el mecanismo de pensiones anticipadas, de decisión única y exclusiva del beneficiario, siempre que cumpla con un cierto número de años de cotización acumulada. Este mecanismo ha sido y podría ser solicitado especialmente por las personas afectadas por una situación de cesantía y que han alcanzado una edad que dificulta su reinserción laboral. Es posible constatar que en el período bajo análisis se produjo un significativo incremento, del orden del 50%, en el número de jubilaciones anticipadas solicitadas y otorgadas por el sistema de AFP, acompañando el ciclo de deterioro del empleo como una especie de subsidio de desempleo sustitutivo para el segmento de edad cercana a la jubilación.

c) Atención de indigentes por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa)

Una aproximación indirecta de la evolución de los ingresos y el empleo se obtiene considerando la evolución del número de personas que han recibido prestaciones y han accedido al sistema público de salud (bajo el criterio de presentar condiciones de bajos ingresos y que no cotizan en el sistema obligatorio aplicable a los asalariados) bajo la calificación administrativa de indigentes.

Se constata que el grupo “A” de beneficiarios del Fondo Nacional de Salud experimenta un crecimiento en 550 mil personas entre los años 1998 y 2002, evidenciando que, junto a posibles mecanismos de fraude, el incremento en la atención gratuita en los sistemas de salud pública acompaña el ciclo negativo en materia de desempleo.

Se constata, además, que los cotizantes del FONASA y de las ISAPRES – sujetos a descuentos obligatorios- disminuyeron al iniciarse la desaceleración económica, mientras en el caso del seguro público aumentaron con algún grado de variabilidad; en tanto para las ISAPRES la caída fue significativa debido a una mayor preferencia por el seguro de salud estatal.

La Ayuda Social Pública Discrecional

Existe además un conjunto de subsidios sociales “no excedibles”, es decir sujetos a los límites fijados en la Ley de Presupuestos del Sector Público, entre los que destaca el Subsidio Único Familiar que se entrega a personas en situación de pobreza que no perciben ingresos del trabajo y en función del número de hijos menores.

También es posible encontrar a este nivel de intervención discrecional, la pensión asistencial que se otorga a quienes presentan bajos niveles ingreso y que están carentes de derechos previsionales y copulativamente son mayores de 65 años. Este beneficio se extiende hasta su fallecimiento, e incorpora al conjunto de individuos que presentan discapacidades. Finalmente, el Subsidio al consumo de agua potable que es otorgado administrativamente por las municipalidades o las empresas de servicios a personas de bajos ingresos, mediante el financiamiento que establece la Ley de Presupuestos para cada año y por un monto equivalente a un consumo familiar básico medido en metros cúbicos reconociendo que las magnitudes de tarifas por unidad varían conforme se trate de localidades diferentes en el país.

Por su parte, el nuevo Programa Chile Solidario, en aplicación progresiva desde 2002, atiende mediante una gama de políticas públicas a un universo potencial de 225 mil familias identificadas en situación de extrema pobreza de acuerdo a la encuestas de ingresos CASEN, y cuyos ingresos no alcanzan a cubrir el costo de la canasta estándar de alimentación familiar, identificadas localmente.

Comentarios Finales

Desde la crisis de los años 30 Chile ha venido aplicando una srie de medidas correctivas para palear la desigualdad social y económica. Ha sido evidente que la aplicación de una suma de políticas económicas ha tendido a favorecer a quienes son tienen capacidad real de aplicar y utilizar capital deriesgo para aprovechar nuevas oportunidades de negocios.

La apertura de económica abrió la puertas a más oporrtunidades y e evidenbte que sólo algunos pocos han podido obtener retornos muy por sobre los que cualquier ciudadano común pordía acceder. En efecto, todo indica que los retornos obtenidble para quienes no poseen la propiedad de Capital responde exclusivamente a la valorización de sus prestaciones conforem el mercado la valora. Su relación competitiva es equivalente al precio de mercado yajustada a la contribución marginal que genere para la estructura productiva.

A medida que el país evolucionaba y enfrentaba nuevos desafiós, las demanda fueron creciendo y obligaba al Estado y en particular al Ejecutivo a aplicar medidas correctivas, para palear la desigualdad social y económica que se generaban. Era evidente que en épocas de crisis todos pierden, pero proporcionalmente quedan en condiciones de vulnerabilidad aquellos que menos o no tienen capacidad de inversión y ahorro, aquellos cuya propensión marginal al consumo es mayor.

Chile ha mejorado mucho en relación a la posición que teníamos hace años. La aplicación de medidas ha favorecido al crecimiento y desarrollo; aun con desigualdad. El Crecimiento y el Desarrollo, todos los indicadores lo avalan, ha venido de la mano de los últimos 16 años, en que se han aplicado medidas correctivas para enfrentar la desigualdad social, entendiendo que existe un grupo significativo de personas que aún no gozan de derechos sea por su concididón de marginalidad o por ausencia en los registros vigentes. Es evidente que aún mucho falta por hacer y muchas son los ajustes que se requieren trabajar en el modelo. Existe una serie de demandas nio cubiertas aún y que requieren la atención institucional.

Notas y Bibliografía

[i] Elaborado por los académicos: Américo Ibarra Lara. Administrador Público, U. de Chile. Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Actualmente Director del Magíster en Gerencia Pública de la Universidad de Santiago de Chile. En este documento colaboró metodológicamente y en su revisión el Economísta y Doctor Gonzalo Martner F., Economista y Doctor en Economía de la Universidad de Nanterre, Académico de la Universidad de Santiago de Chile. Este documento ha sido elaborado por a petición del Naciones Unidas, ILPES, CEPAL y su reproducción sólo puede efectuarse una vez publicado por la institución solicitante.

[ii] Edwards Sebastián. Crisis y Reforma en América latina del consuelo a la desesperanza. Emcé Editores, 1997

[iii][iii] Ibid anterior.

[iv] Sanchez Walter. América latina sin Fronteras. La Reforma Económica y los Desafíos de la Globalización.

[v] Davis, Ffrench . Políticas Económicas en Chile, 1952 – 1970. Editado en 1973.

[vi] Dirección de presupuestos. Balance Consolidado del Sector Público en Chile años 1969 – 1970., Edición 1973.

[vii] Corvalán, Luis. “El Gobierno de Salvador Allende”. Apéndice: Programa Básico de la Unidad Popular. Ediciones LOM, 2003.

[viii] Ministerio Secretaría General de Gobierno. “Declaración de Principios del Gobierno de Chile”. División de Comunicación Social. Marzo 1974.

[ix] Meller Patricio, Un siglo de Economía Política ( 1980 – 1990 ). Editorial Andrés Bello. 1996
[x] México fue el primer país que suspendió el pago de su deuda externa, generando cierre de los mercados financieros internacionales y fugas de capitales.

[xi] Ffrech Davis. Notas sobre la Crisis de la Deuda Externa en Chile. Revista de Apuntes, Cieplan Nº 55

[xii] Ramos, Joseph. Un Balance de las Reformas Estructurales Neoliberales en América Latina”. CEPAL Nº 62, agosto 1997

[xiii] Meller. Obra citada

[xiv] Stalling, Bárvara. Las Reformas estructurales y el desempeño socioeconómico.

[xv] Ramos, Joseph. Obra citada

[xvi] Se instaló un régimen en que cada pensión se establecería sobre la base de los aportes individuales la que se ajustan al salario del trabajador y nacen para administrar dichos fondos las Administradoras de Fondos de Pensiones, permitiéndose incluso la entrada de capitales extranjeros y la inversión en el exterior.

[xvii] Ramos, Joseph. Obra citada, indicando que esta flexibilidad se contemplaba en el Plan Laboral.

[xviii] Manuel Castells, Globalización, desarrollo y democracia, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2005.

[xix] Una descripción de la política macroecómica seguida por el gobierno chileno y sus principales desafíos se encuentra en Estudios Económicos de la OCDE. Chile, OCDE, Paris, noviembre de 2003.

[xx] Ministerio de Hacienda, Estudio sobre condiciones comerciales y financieras, Santiago, 2004.

[xxi] La ley de Presupuestos del Sector Público suele denominarlos como excedibles.

[xxii] Los promedios de reinserción laboral son cercanos a 18 meses.